Por Magdalena Gil. Investigadora del Centro para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y académica de la Escuela de Gobierno UC.
La discusión tras el reciente desastroso temporal que destruyó parte del servicio eléctrico y otras infraestructuras en la región Metropolitana y otras localidades, permite evocar un evento ocurrido hace exactamente 118 años atrás: el terremoto de Valparaíso del 16 de agosto de 1906.
Esa triste noche, Valparaíso fue el epicentro de la tragedia. Los porteños y porteñas no sabían cómo protegerse, atrapados entre edificios colapsados, el mar enfurecido y las llamas de múltiples incendios que azotaron la ciudad en ruinas. A la mañana siguiente parecía que no quedaba nada de lo que horas antes era el primer puerto de Chile y su segunda ciudad más importante.
Los incendios fueron consecuencia de la rotura de la infraestructura de gas, así como de los escombros caídos sobre distintas formas de fuego doméstico. Sin embargo, pocos saben que los cortafuegos que habían sido desarrollados en las últimas décadas para mitigar el histórico problema de los incendios en Valparaíso fueron también parte del problema.
En 1906 no había ninguna norma de construcción a nivel nacional, pero algunas comunas normaban cosas como el ancho de las calles y veredas. Valparaíso era líder en esta incipiente planificación urbana, implementando regulaciones anti incendios en 1859 y 1873 que mandataban, entre otras medidas, la construcción de muros cortafuegos, control de materiales de muros y fachadas e inspección de chimeneas. La normativa de 1873 incluso incluía una consideración para el caso de terremotos: la inspección del estado de las cornisas. Desgraciadamente, estas medidas no solo no sirvieron para mitigar los incendios, sino que amplificaron el daño producido por el terremoto. Los cortafuegos, específicamente, construidos como paredes de ladrillo o mampostería gruesa entre edificios, resultaron fatales al caer sobre las casas y las personas que escapaban de ellas.
La exigencia de cortafuegos había sido propuesta por una comisión designada luego de un gran incendio el año 1958, donde vecinos ilustres, bomberos, y representantes de las compañías aseguradoras buscaron cómo mejorar la resiliencia de la ciudad. La regulación, sin embargo, no mencionaba nada respecto a la estructura de estos cortafuegos. Según los registros, hubo al menos una persona, Lorenzo Justiniano, que anticipó la posibilidad de que cayeran durante un terremoto y lo expresó ante el consejo municipal. Pero los terremotos parecían lejanos cuando la destrucción más reciente había sido causada por el fuego, y su temor no fue considerado.
Hoy, que nos vemos enfrentados aún a las desastrosas consecuencias del reciente temporal, no debemos olvidar la lección del 16 de agosto de 1906: al proponer medidas de prevención y mitigación, debemos considerar todas las amenazas a la que está expuesta la ciudad, y no solamente las tormentas. La multi-amenaza es una característica del territorio chileno continental, donde el 54% de la población está expuesta a tres o más amenazas naturales. La cuenca del río Maipo, donde se ubica la ciudad de Santiago, es un espacio particularmente diverso en términos de riesgo de desastres. Amenazas geológicas como los terremotos conviven con amenazas climáticas como tormentas, aluviones, incendios y, crecientemente, el calor extremo.
Es precisamente esta última amenaza -el calor- la que hoy significa uno de los mayores riesgos para la salud de quienes habitan la Región Metropolitana, y no debemos olvidarlo al discutir soluciones para mitigar el impacto del viento. Aun cuando el arbolado urbano ponga en riesgo el tendido eléctrico durante las tormentas, es indispensable para mitigar el calor. La manera de enfrentar esta tensión es con un plan de gestión de riesgos con un enfoque multi-amenaza ¿Cuándo empezamos?
