Los fenómenos asociados al cambio climático, como el aumento del nivel del mar, cambios en la frecuencia e intensidad de las marejadas, alteraciones en el régimen de precipitaciones y cambios en las corrientes oceánicas, como también los desastres de origen natural, han generando una serie de impactos relacionados con la erosión de las playas, la alteración de humedales costeros, afectación de ciudades costeras, entre otros, que ponen en riesgo a las personas y a los distintos servicios ecosistémicos que la costa provee.
A esto se suma el crecimiento urbano explosivo, desarrollo de actividades portuarias, generación eléctrica, pesquerías y actividades acuícolas, junto a tecnologías más recientes como las requeridas para la desalinización de agua de mar, entre otras actividades, han generado una fuerte presión en el litoral chileno. Y pese al carácter inherentemente público del litoral es posible evidenciar procesos de propietarización sobre la costa chilena.
“Todo este contexto, indica Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, académica de Geografía UC e investigadora CIGIDEN – SECOS, ha sido el fundamento para plantear a un grupo de senadores, desde la academia y la sociedad organizada, la urgencia de contar un propuesta de la ley marco sobre protección y gestión costera en Chile, dada a conocer este 8 de junio Día Mundial de los Océanos, en un seminario internacional donde se conectaron más de 400 personas de distintas localidades de Chile, Latinoamérica y América del norte.
Visión ecosistémica
En el plano normativo, indicó durante su presentación la doctora en Geografía, la ordenación y gestión costera se ha construido en nuestro país sobre el limitado concepto jurídico-administrativo del borde costero del litoral, careciendo de una visión ecosistémica y funcional de la costa. Esto deja prácticamente sin protección ecosistemas tan relevantes como los campos dunares, estuarios y otros, tan necesarios para la protección de la vida animal, vegetal y de las personas, en caso de desastres de origen natural como los tsunamis y eventos climáticos como las marejadas.
“Por lo tanto, Chile necesita una legislación que aborde el ordenamiento de la costa de manera integral y sistémica, al mismo tiempo que permita establecer normas y directrices para materializar una planificación y gestión integrada de la costa. Pero sobre todo, que dé cabida a una nueva comprensión de la costa, que ayude a superar algunos problemas y vacíos detectados en la regulación vigente, potenciando y protegiendo los procesos que tienen lugar en el litoral, en cuanto a lo físico y cultural, mejorando de esta manera, la calidad de vida de la población”, explica Carolina Martínez.
La propuesta de Ley de Costas, incluyó una análisis comparado considerando experiencia en California -Estados Unidos, España y Sudáfrica, entre otras, y a la vez estudió la realidad nacional, específicamente los factores ambientales, económicos y socio-culturales específicos de la costa chilena. El objetivo general de la ley, por lo tanto, aseguran los autores, hace explícita la protección del medio ambiente costero y su adecuada gestión en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para esto determina y delimita la zona costera, considerando especialmente para ello las transformaciones litorales producto del cambio climático, la variabilidad climática y la reducción de los riesgos de desastres.
Acceso público a la costa
Otro objetivo que contempla la nueva propuesta legislativa, es garantizar el acceso público y el uso equitativo y sostenible de la zona costera, así como los beneficios, servicios ecosistémicos y oportunidades que el litoral brinda. Este punto está presente en legislaciones costeras en California – Estados Unidos, Sudáfrica, Uruguay y España, como también reducir el riesgo de desastres y mejorar la resiliencia y capacidad de adaptación de los sistemas marino-costeros frente al cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar.
“A estos se suman otros objetivos como desarrollar una gestión integrada y coordinada de la zona costera, con enfoque socio-ecológico, de carácter descentralizada, participativa y que reconozca la diversidad geográfica y ecosistémica de las áreas litorales del país, así como de los distintos valores socio-culturales y usos tradicionales asociados a ellas, presente en legislaciones como la australiana», dice el abogado de la comisión jurídica del Observatorio de la Costa, Ignacio Martínez.
A juicio de los redactores de la propuesta, es necesario también que la Ley asegure la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros y la integralidad de sus componentes naturales, incluyendo la biodiversidad asociada y los procesos ecológicos que se desarrollan en ellos. A esto se suma, regular la utilización sostenible y racional de los bienes públicos y bienes comunes existentes en la costa, privilegiando aquellos usos que, por su naturaleza, no puedan ser desarrollados en otro lugar o se encuentren íntima e indubitadamente relacionados con los servicios ecosistémicos costeros. El documento incluye, además, 8 principios entre los que destacan un enfoque de interculturalidad, justicia ambiental y participación, entre otros.
Gobernanza costera
En el seminario internacional sobre “Gobernanza costera y sus implicancias”, participó el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, quien comentó que Chile requiere de un cambio en gobernanza costera, pues esta es la única manera en que podremos reencaminar el deterioro de la costa hacia escenarios favorables de protección, inspirados en principios de justicia ambiental, equidad social y participación pública. En la sesión también intervino el senador de la República Alfonso de Urresti y el director de CIGIDEN, Rodrigo Cienfuegos.
El encuentro que puedes volver a ver en Facebook y YouTube de CIGIDEN, se realizaron dos charlas magistrales a cargo de Carolina Martínez y el director del Ocean and Coastal Policy Center, Charles Lester, y la presentación del abogado Ignacio Martínez. En la mesa redonda, en tanto, participaron el abogado Juan Pablo Schuster, María Elisa Puig del Ministerio de Bienes Nacionales, Sebastián Aylwin del Ministerio del Medio Ambiente, Paulo Sepúlveda, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Natalia Silva de ONEMI, Claudia Silva, del GEF Humedales Costeros y David Tecklin de la Universidad Austral de Chile.
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