El entorno construido, el nivel de vulnerabilidad socioeconómica, la disponibilidad de información y las estrategias de mitigación, entre otros, son factores que influyen que en Chile, con demasiada frecuencia, los desastres afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
“En este contexto, la planificación urbana puede desempeñar un papel fundamental en la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD), especialmente cuando se trata de abordar cuestiones de uso del suelo y la alta exposición de los asentamientos”. Esta reflexión es parte del nuevo documento de política pública de CIGIDEN llamado “Mapeo colectivo como metodología participativa para el estudio de riesgos de la planificación urbana comunal: una propuesta para Chile”.
El documento –lanzado a través de un encuentro virtual transmitido por Zoom y redes sociales Facebook y YouTube de CIGIDEN – fue desarrollado investigadores del centro Valentina Carraro, Cristina Visconti y Simón Inzunza, tras un un análisis del marco normativo actual junto con investigaciones realizadas con la comunidad de Cartagena. Esto permitió identificar la importancia de aplicar mecanismos que apoyen la participación ciudadana directa en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).
Dinámicas socioespaciales locales
Los autores del policy paper definen mapeos colectivos o cartografía participativa como cualquier proceso de elaboración de mapas, en el que los investigadores trabajan junto con los miembros de una comunidad para visibilizar su conocimiento de un territorio con el que tienen una relación personal. En particular, el mapeo colectivo, complementa la doctora Valentina Carraro, es una metodología eficaz para aprovechar el conocimiento de los residentes sobre las dinámicas socioespaciales locales.
Por lo tanto, constituye un insumo en la planificación urbana a través de los estudios de riesgos: “El intercambio de conocimiento técnico y local a través del mapeo colectivo desde la perspectiva evidenciada en este informe, extiende el nivel de participación ciudadana más allá de la inclusión de la percepción del riesgo. Esto equivale a implementar una visión basada en un análisis de co-producción en la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos”, explica la ex investigadora CIGIDEN.
Para que lo anterior sea posible, agrega Cristina Visconti, el mapeo colectivo debe integrarse en los marcos normativos de planificación territorial que esta puede gatillar procesos de empoderamiento comunitario: “El mapeo colectivo, puede desarrollar condiciones para un estudio de riesgo colaborativo en los IPT, constituyendo una herramienta para sostener formas de participación compartida que superan la dimensión consultiva y, donde el poder en la toma de decisión territorial, puede ser distribuida con mayor equidad entre los distintos actores: profesionales, autoridades y comunidad”.
Participación ciudadana
La viabilidad de lo que proponemos, explican los investigadores depende, por un lado, de aprender sobre las prácticas internacionales sobre mapeos colectivos para desarrollar metodologías propias y, por otro, de que se genere un debate entre los expertos en RRD (formuladores de políticas públicas, profesionales de la planificación y los representantes de la ciudadanía), acerca de formas inclusivas y democráticas de planificación para la RRD basadas en principios colaborativos y de co-producción.
La mayoría de los IPT son elaborados por consultoras convocadas a través de procesos de licitación, en el cual el SEREMI del MINVU o la municipalidad respectiva actúan como contraparte técnica. Estas consultoras, según disposiciones de la normativa vigente, deben organizar instancias de participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso, en las cuales los ciudadanos pueden formular observaciones sobre los planes propuestos.
Según Simón Inzunza, este tipo de participación es superficial y se basa netamente en la información y consulta pública, lo cual se extiende a los estudios de riesgo que forman parte de la memoria explicativa del respectivo IPT. “Esta situación, agrega, contrasta con las recomendaciones de los expertos en RRD, que coinciden ampliamente en que la participación local directa, a nivel de cooperación, decisión o evaluación, conduce a estrategias de RRD más eficaces, a la vez que fortalece la preparación y la resiliencia de la población”.
Tejido social
La participación directa de la comunidad en asuntos relativos a la RRD, añade Valentina Carraro, permitiría captar diversas realidades locales, entre ellas, la presencia de asentamientos informales, la influencia del turismo, las características del tejido social, el apego, la percepción diferenciada del riesgo, además del relevo de saberes y memoria territorial. Que según la investigadora, son factores claves en la Gobernanza frente a la gestión del riesgo y permitirían, además, una planificación territorial basada en el lugar.
Finalmente, los expertos plantean algunas recomendaciones, centradas en la importancia de entender el riesgo como un fenómeno socio-natural, integrando el conocimiento local en la RRD y proporcionando directrices metodológicas claras y vinculantes a los profesionales urbanos y a las autoridades locales.
