Pocas veces se había puesto tan de manifiesto el rol clave de la ciencia como en esta pandemia por Covid-19. No solo por el desarrollo de vacunas, test y otros dispositivos, sino porque se hizo patente que el contar con evidencia científica, indicadores e información confiable en el menor tiempo posible, son imprescindibles para la toma de decisiones públicas, como por ejemplo, la aplicación de cuarentenas o qué hacer frente a la salud mental de la población, entre muchas otras.
Aquí la investigación cobra un rol fundamental, donde la relación entre universidades y el Estado se vuelve sumamente virtuosa. Uno de los ejemplos más claros son los Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (Fondap). El primero de estos centros nació en 1997 y su objetivo es articular la actividad de grupos de investigadores con productividad demostrada, en áreas del conocimiento de importancia para el país y donde la ciencia básica nacional ha alcanzado un alto nivel de desarrollo.
Fomentan la investigación de excelencia, impulsan la asociación entre distintas universidades y las redes de colaboración tanto nacionales como internacionales, buscan formar capital humano avanzado, y difundir los resultados de investigación a la comunidad científica y a la sociedad. La UC alberga cinco centros Fondap, en áreas tan relevantes como las enfermedades crónicas, la gestión de desastres, el desarrollo urbano sustentable, los estudios interculturales e indígenas, y el conflicto y cohesión social.
Como afirma el vicerrector de Investigación de la UC, Pedro Bouchon: “Estos centros cumplen un rol decisivo, porque generan investigación de primera línea en temáticas de alta relevancia para el desarrollo del país, como han resaltado consistentemente los evaluadores nacionales e internacionales. La investigación orientada es uno de los aspectos que distinguen el éxito de los países en I+D+i+e, como se destaca en la experiencia comparada, con resultados que son puestos al servicio de las políticas públicas, teniendo un papel concreto en la mejora de la calidad de vida de las personas”.
Predecir y reducir los riesgos de desastres
En uno de los países más sísmicos del mundo, reducir el riesgo de desastres es un desafío clave. Este es precisamente el objetivo del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), que busca superar las brechas estructurales que el país tiene dada la naturaleza geológica de su territorio, la variabilidad climática y la gobernanza del riesgo.
Uno de sus logros importantes ha sido contribuir a la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, a través de proyectos Fondef y colaboración internacional, que actualmente opera en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Éste recoge los avances científicos más importantes en el estudio de terremotos y tsunamis.
Los primeros proyectos se enfocaron en un sistema que permitiera, de manera rápida y precisa, determinar qué zonas del país se podrían ver afectadas por un tsunami, como consecuencia de un terremoto. De acuerdo al investigador de CIGIDEN y académico de la Universidad Federico Santa María, Patricio Catalán, para lograrlo se adaptó un método que se conoce como “base de datos de escenarios pre-calculados”. “Se incorporaron cientos de eventos posibles, de manera tal, que cuando ocurriera un tsunami, se puede buscar en esa base de datos el más parecido al real. De esta forma, no se invierte tiempo en hacer cálculos, sino que simplemente en evaluar e informar a la población”, explica. Este mismo académico lidera un proyecto Fondef que permite modelar el riesgo de tsunami en tiempos cercanos al real.
Como afirma el director de CIGIDEN y académico de Ingeniería UC, Rodrigo Cienfuegos: “El esfuerzo de conectar el trabajo científico con los problemas país y los requerimientos de distintos actores políticos y sociales, llevó a CIGIDEN a innovar en nuevos modelos de intercambio de conocimiento. En estos, los resultados científicos se ponen al centro de las discusiones públicas y el trabajo de investigación se retroalimenta continuamente de los diálogos que se facilitan en los distintos territorios con gobiernos locales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), comunidades, y legisladores”.
Un ejemplo de este nuevo paradigma es el Observatorio de la Costa, en el que participa la académica del Instituto de Geografía UC Carolina Martínez. Como cuenta Cienfuegos, “la evidencia científica ha permitido relevar la necesidad de modernizar las regulaciones que rigen el ordenamiento territorial y urbano de las zonas costeras, incorporando principios de reducción de riesgo de desastres, desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático, y bienestar humano. A través de procesos participativos y diálogos socio-políticos, la iniciativa está logrando posicionar la importancia de avanzar en este camino”.
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