El terremoto del Maule y Biobío de 2010 marcó un antes y después de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en Chile. Tanto así que el Gobierno de turno pidió a las Naciones Unidas, una misión especial para evaluar la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH), –acuerdo internacional para la GRD–, en nuestro país.
La evaluación arrojó falencias en el cumplimiento de las cinco áreas prioritarias en el país y evidenciando que los instrumentos normativos existentes, estaban orientados a la respuesta y superación de la emergencia, dejando de lado la preparación y prevención. La misión finalizó con la entrega de 75 recomendaciones para avanzar en materias de GRD.
Parte de estas recomendaciones fue crear la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD), a partir de 2012, instancia que coordina a 50 servicios públicos, ONGs y sociedad civil organizada en materias de GRD y cuya primera tarea fue redactar la primera Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, basada en las cinco áreas prioritarias del MAH.
Coordinación intersectorial
“Después de casi 10 años de operación ininterrumpida, se ha consolidado como una instancia de coordinación intersectorial efectiva y prolífera a nivel nacional”, asegura Natalia Silva, subdirectora de Gestión y Desarrollo Estratégico de ONEMI. De acuerdo a la experta, la plataforma actúa como una red que promueve el enfoque de GRD, para permear las planificaciones territoriales y sensibilizar a las autoridades de organismos públicos y privados, e instalar la gestión del riesgo como prioridad transversal en el país.
En los nueve años de funcionamiento nuestro Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, CIGIDEN, ha colaborado con la plataforma PNRRD de diferentes formas: “Contribuyendo con capital humano avanzado especialista en determinadas materias, en donde la evidencia científica y la rigurosidad metodológica es necesaria, siendo un complemento fundamental para la implementación de diversas iniciativas que impulsan los responsables de las distintas acciones estratégicas”, asegura Natalia Silva.
A partir de 2022, la investigadora principal de CIGIDEN y directora del Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, será parte del comité directivo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, junto a Carmen Paz Castro, vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile e investigadora del centro de investigación CITRID.
Ciencia que se necesita
“Esta es una oportunidad valiosa de colaborar con otros profesionales vinculados a la GRD a nivel nacional, con los cuales será un honor trabajar. Nuestros colegas de CIGIDEN han trabajado durante años con mucho entusiasmo poniendo a disposición su conocimiento y experiencia, por lo cual haré mi mayor esfuerzo para continuar con este mismo entusiasmo”, recalcó la doctora Martínez.
Vincular el conocimiento científico de CIGIDEN con las metas y objetivos de la GRD en nuestro país, agrega la académica UC, será un aspecto clave a desarrollar: “La ciencia se necesita para transformar realidades y hacer de Chile un país donde se reduzca el riesgo de desastre en todos sus niveles y dimensiones”. La experta dice que el rol de centro de excelencia es desarrollar conocimiento científico de frontera sobre amenazas y vulnerabilidades, pero este conocimiento debe traducirse en aplicaciones para que la sociedad se vea beneficiada y los líderes puedan tomar de decisión basadas en ciencia.
“De esta manera podremos avanzar en sociedades más justas y equitativas, menos vulnerables o expuestas a desastres. En este sentido la educación en su concepto más amplio se convierte en pilar esencial del proceso de transformación hacia la sostenibilidad, para un Chile sin desastres”, asegura Carolina Martínez, investigadora principal de la línea “Gobernanza Ciudadana” de CIGIDEN.
Sociedades y ciudades resilientes
Según la experta UC, uno de los aportes que espera realizar como miembro del comité directivo, es vincular la investigación científica que ha desarrollado CIGIDEN durante casi 10 años, para aportar a la gestión del riesgo a nivel local, desde comunidades y municipios, o a nivel regional a través de los gobiernos regionales, que son los ámbitos en donde más se requiere avanzar hacia sociedades y ciudades resilientes.
“Esto último permitiría a su vez descentralizar la información y el conocimiento para aportar al desarrollo de sociedades más equitativas, reduciendo brechas en educación, lo cual repercute en comunidades mejor preparadas para enfrentar amenazas recurrentes. Otro aporte importante será el eje de la educación, ya que se podrá vincular programas educativos y plataformas de geoinformación (Geo Hub litoral, Kay Kay, DRW entre otros) que promuevan la colaboración y participación ciudadanas, así como la vinculación con programas de capacitación profesional (diplomados) que pudieran apoyar la GRD a nivel local”, explica.
Finalmente la subdirectora ONEMI, Natalia Silva, añade que la nueva Ley del SINAPRED, tiene el rol de definir instrumentos para la GRD y estructuras de coordinación, por lo tanto, la plataforma nacional y las regionales conformadas, serán un soporte para el diálogo, trabajo y toma de decisiones intersectoriales e intercambio de buenas prácticas que faciliten la elaboración e implementación de los instrumentos de planificación para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Es importante, en tanto, que este renovado sistema apele a estas estructuras de coordinación existentes pues brindarán un enfoque interdisciplinario que enriquecerán las iniciativas que la ley establece, propiciando espacios de integración permanentes los que son cada vez más necesarios en contextos de restricción presupuestaria por la situación pandémica y de riesgo sistémico enmarcado en un complejo escenario climático”, concluye Natalia Silva.
