A 10 años del desastre provocado por el terremoto y tsunami del 27/F de 2010, es necesario reflexionar sobre los procesos de reconstrucción que se han implementado en Chile y los cambios socio-territoriales que han inducido y que llevan a plantearse nuevamente: ¿hemos reducido efectivamente el riesgo de desastres en el país? ¿estamos preparados para enfrentar nuevos eventos de similares características en Chile?
Lo que hemos investigado en los últimos años, es que el riesgo no se ha reducido en las áreas afectadas por el 27F, porque la reconstrucción se enfocó en la recuperación de viviendas e infraestructura física en su mayoría ocupando los mismos lugares donde destruidos. En Dichato, Tumbes, Coliumo, Tubul y Llico, por ejemplo, se construyeron viviendas que sin duda mejoraron las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los habitantes, pero al estar localizadas nuevamente en áreas de peligro de indundación por tsunami, el riesgo no se reduce.
En particular, las viviendas “tsunami resistentes”, “tsunami resilientes” o “viviendas del borde costero”, como fueron llamadas e instaladas en Dichato, Coliumo y Los Morros (Talcahuano), están completamente ocupadas en la planta baja en todas estas localidades, ya que el sentido de estas viviendas no fue comprendido por los habitantes y ante la necesidad de espacio habitable, los pobladores cerraron el palafito.
Este tipo de construcción está pensada y se usa en el mundo, para condiciones donde las variaciones de la marea son parte del modo de vida de la sociedad, como en Chiloé o Indonesia, donde los palafitos tienen sentido como parte de un proceso adaptativo. El sentido para el cual fueron construidas las viviendas “tsunamis resilientes”, no fue entendido ni por los habitantes, ni por los tomadores de decisión ya que en estos lugares debió primar la relocalización.
En Dichato, las obras de mitigación construidas –boulevard, parque de mitigación, canalización del estero de Dichato y reconstrucción de viviendas– no redujeron el riesgo. Si se compara con las condiciones previas al tsunami, éste destruyó además el tejido social (barrio), el que aún no ha sido recuperado. Actualmente sabemos que a través del proceso de reconstrucción se crearon las mismas áreas de riesgo que tenía Dichato antes del tsunami.
En caleta Tubul, en tanto, un humedal costero de los más importantes del Golfo de Arauco (no tiene un categoría de protección) y que proveía de recursos naturales a una antigua comunidad lafkenche, se relocalizó. Más de 300 viviendas fueron construidas en el humedal que fue rellenado. Ello correspondió a un plan de erradicación de aldeas de la provincia de Arauco y en menor medida de familias damnificadas del mismo Tubul, ya que a estas últimas se les reconstruyó sus viviendas en sus mismos terrenos, es decir, donde sus casas fueron destruidas. La perdida de fuentes laboral, sumados a la nueva población no vinculada a la caleta, produjo un quiebre en la estructura social.
Algo similar ocurró en Llico, comunidad pesquera y una de las más afectadas por el tsunami (60% de superficie construida), pero que mejor resistió el aislamiento durante la emergencia debido a su capital social. El proceso de reconstrucción instaló 80 viviendas en una área de peligro bajo, sin embargo, al analizar hoy en día el riesgo post terremoto (2012) y post reconstrucción (2019), el riesgo tampoco se redujo. La localización de viviendas fue en áreas de peligro y hubo pérdida de capital social, que afectó la cooperación comunitaria y con ello la resiliencia social.
Los procesos de reconstrucción, son una excelente manera para mejorar aspectos no resueltos de la ciudad o localidad, sin embargo no pueden hacerse cargo de problemas sociales, que el Estado en su rol social debe resolver. Su misión es reducir el riesgo agregando a ello mejoras para el desarrollo humano y la sustentabilidad. Reducir el riesgo no es solo la reconstrucción física bajo la óptica de alcanzar un número de construcciones en un tiempo récord, tampoco localizar viviendas en ciertos terrenos porque son más baratos, ya que el desastre vuelve a ocurrir sin que logremos aprender de ellos.
Hoy más que nunca urge en Chile una política pública que considere los procesos de reconstrucción en sus múltiples dimensiones y cómo se lleva a la planificación urbana resiliente. Hoy se discute la modificación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde es evidente la escasa articulación de los instrumentos de planificación territorial, junto con la falta de criterios y metodologías para evaluar a diferentes escalas las amenazas naturales y eventos extremos. Se debe pensar en las características de las nuevas áreas donde serán emplazadas las personas(relocalización), en relación con la identidad territorial de la sociedad que se reconstruye, junto a mecanismos de acompañamiento, que le permita por un lado recuperarse emocionalmente y, a la vez, restaurar el tejido social, utilizando o fortaleciendo su capital social y diversificando sus actividades económicas sin la desvalorización social que hemos visto.
Columna de opinión publicada en Diario La Tercera de la investigadora CIGIDEN y académica de Geografía UC, Carolina Martínez, revisa la publicación aquí.
