Encargado hace más de 20 años de las evaluaciones de desastres, el doctor en economía Omar Bello, fue el coordinador de la última versión del Manual de para la Evaluación de Desastres de CEPAL y, es el actual coordinador de la unidad de Evaluación de Desastres de la misma institución, desde la sede de Puerto España en la Isla de Trinidad. Hoy está en Chile y participando de un estudio en CIGIDEN.
Bello ha dirigido 11 misiones de evaluación de desastres en América Latina y el Caribe: huracán Joaquín en Bahamas (2015), terremoto de Ecuador (2016), huracán Earl en Belice (2016); huracán Matthew (2016) inundaciones por El Niño en Argentina (2017), huracanes Irma, María y Harvey (2017) y erupción del volcán de fuego en Guatemala (2018).
Con esta experiencia y con cuatro meses de sabático de ONU, viajó a Chile para integrarse como investigador de CIGIDEN, con el interés de trabajar en impactos económicos de terremotos, donde pretenden “aportar y nutrirse del tema costero”. “CIGIDEN y la UC, tiene investigadores que han hecho bastantes aportes a la reducción de riesgo de desastre relacionado con terremotos, pero es muy importante, cuando ocurre un desastre y cuando una infraestructura se destruye, que se analice los efectos económicos que van más allá del mismo sector de destrucción”, comenta el economista.
Línea base monetaria
El investigador alude al foco de la investigación que realizará junto a otros expertos de CIGIDEN y la UC: generar una línea base monetaria para distintos sectores de una comuna en específico para la evaluación económica postdesastres, que puede ser aplicable a cualquier comuna en Chile. Comenzarán la investigación en la comuna de San Antonio, por la infraestructura y conectividad que esta tiene.
La línea base monetaria permite muchas acciones, plantea Omar Bello, por ejemplo, con un modelo de destrucción de infraestructura que los ingenieros tendrán en el futuro, haces una simulación de los efectos del terremoto y podrías llegar a costos. “Puedes decir en rigor, cuánto te cuesta un terremoto en término de la interrupción de los activos pero también de los flujos, bienes y servicios que se dejan de producir cómo consecuencias de un desastres”.
Para determinar los costos, agrega el experto de CEPAL, “pensemos que una autopista que se daña con un terremoto, esa autopista conectaba el mercado nacional con el internacional a través del puerto. Lo que va a pasar es que esa cantidad de bienes que se producían para exportar no podrá salir del país. Posiblemente, tendrá que buscar otro puerto y eso incrementará los costos y el producto final se encarecerá, además. Lo mismo si se interrumpe el servicio eléctrico, tendrá consecuencia en los sectores económicos”.
Información sectorial
La metodología que utilizarán funciona con base de información sectorial. Es decir los sectores sociales como educación, salud, cultura, vivienda; sectores de infraestructura como vialidad y transporte, electricidad, telecomunicaciones y agua y saneamiento; sectores productivo: depende de zonas afectadas si el desastre ocurre en la zona central, la industria vinícola, por ejemplo, sería parte del análisis.
“Nuestro modelo de evaluación económica del desastre se enfocará en quién produce el producto. Por ejemplo, cuál fue el valor bruto que se perdió en el sector comercio con un determinado desastre. Eso es en la manera en que intentamos ver cuál es el impacto macroeconómico, y después determinar, cual es la caída que hay desde salarios hasta utilidades”, explica Omar Bello.
El investigador señala, que no existen evaluaciones socioeconómicas en Chile postdesastres, ni después del terremoto de Algarrobo en 1985 ni para el terremoto de 2010, a pesar de que CEPAL ha evaluado desastres en 28 países de Latinoamérica y el Caribe. “Si Chile tuviera evaluación postdesastre, la información que obtendría sería cuánto fue la destrucción de activos por región, y qué sector de la economía tuvo determinadas pérdidas. “Ese informe incluye si las perdidas económicas fueron públicas o privadas y si lo que destruyó estaba o no asegurado. Data relevante para desarrollar el plan de reconstrucción y para la necesaria inversión en gestión del riesgo de desastres en los países como Chile”, plantea el economista.
