¿Cómo se plantea la política de la gestión del riesgo en Chile en contraste con otros países de Latinoamérica? A esta pregunta esencial responde el nuevo policy paper del centro científico llamado, “La participación ciudadana en las políticas de gestión del riesgo en América Latina: recomendaciones para el caso chileno”.
“Este trabajo se ha desarrollado con una mirada amplia y con un análisis comparado revisando distintas experiencias, para poder desarrollar algunas propuestas específicas que esperamos sean consideradas en Chile”, indica el director de CIGIDEN y académico de la escuela de Ingeniería UC, Rodrigo Cienfuegos. El documento científico ciudadano –recientemente presentado y comentado vía Zoom y por la fan page y el canal Youtube de CIGIDEN– presenta una serie de recomendaciones para la construcción de políticas públicas sobre la gestión del riesgo, que incluye diferentes conocimientos locales, a través de una participación activa de la sociedad civil.
Aunque en Latinoamérica se han realizado diecinueve políticas de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), solo diez incluyen procesos participativos para la formulación de políticas públicas. Entre ellas, destaca la Estrategia Nacional de Saberes Locales en Colombia, que pone en valor las prácticas y saberes de los pueblos negros e indígenas, y los integra a la GRD. También en México existe un mecanismo participativo de GRD llamado red ciudadana promotores de protección civil. Está formado por líderes barriales y, al igual que en Colombia, reconocen sus riesgos en el propio territorio y son la estructura más cercana a la población con un importante trabajo de comunicación con los pueblos originarios.
En Chile, en cambio, la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue construida por dos mecanismos: la Plataforma Nacional para la reducción de Riesgo de Desastres y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Onemi. Sin embargo, no obtuvo la participación que se había planteado y fue usada más como una herramienta de socialización, que de consulta ciudadana.
“Las herramientas informativas no estaban disponibles en las lenguas originarias, dejando fuera a los actores más vulnerables al riesgo de desastre. El país, además, no pertenece a plataformas internacionales de GDR, que son una manera de intercambiar y refrescar las prácticas”, asegura la autora del policy paper e investigadora CIGIDEN, María Eugenia Araujo. El académico del Instituto de Sociología UC, investigador CIGIDEN y también autor del documento, Manuel Tironi, complementa que la lógica del sistema nacional de prevención y respuesta aún es muy militarizada y se centra en la emergencia. “Por lo tanto, asegura, no entregar un espacio de representación territorial y comunitaria robusta”.
Tejido social
Para el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador, Cristopher Velasco, la propuesta de los autores da cuenta de cómo instrumentalizar la participación ciudadana: “Se debe construir y fortalecer firmemente el tejido social, ya que las agendas internacionales, como el marco de Sendai, pueden verse disminuidas cuando no tenemos la capacidad de fortalecer el vínculo entre la sociedad y el Estado para hacer gestión participativa para el desarrollo”, plantea.
A su vez, Andrea Sanhueza, miembro del directorio de Espacio Público, propone crear un diálogo técnico-ciudadano, entre las comunidades y las autoridades. Las decisiones, por tanto, debieran partir en lo local, desafiando los actuales problemas de participación y representatividad. “La cultura política no valora la participación y existe la idea de que la gente no sabe, no entiende y que la participación crea muchas expectativas e ingobernabilidad. Hoy esto ha cambiado, pero aún la participación está sólo en el discurso político y es algo difícil de conseguir porque se trata de ceder poder”, explica.
