Durante los últimos 40 años, la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) ha evolucionado desde el manejo y respuesta a la emergencia, a la incorporación de acciones de prevención, mitigación y reducción del riesgo. El enfoque actual es sistémico y también incluye medidas prospectivas y compensatorias, pero que sin embargo, requieren de una coordinación eficiente y efectiva de múltiples actores y una diversidad de políticas públicas, la mayoría de carácter sectorial.
“En un país urbanizado y expuesto a diversas amenazas como es Chile, la planificación urbana y territorial debe jugar un rol fundamental como campo articulador de dichas políticas, e integrar la GRD al crecimiento y transformación de las ciudades”, dice Magdalena Vicuña, académica del IEUT – UC e investigadora CIGIDEN y Juan Pablo Schuster doctorante de Geografía U. Autónoma de Barcelona, autores de un documento cuyo objetivo fue identificar cuerpos normativos de diversa naturaleza (leyes, reglamentos, dictámenes, circulares) que fortalezcan y/o debiliten la resiliencia urbana de los instrumentos de planificación urbana y territorial.
Se trata del policy paper CIGIDEN: “Planificación urbana y gestión del riesgo de desastres: desafíos para instrumentos y mecanismos de planificación urbana y territorial”, recientemente lanzado por zoom y redes sociales CIGIDEN, que “aborda la planificación urbana inserta en un ordenamiento jurídico integrado por múltiples normas de diversas jerarquías y contenidos”, asegura Juan Pablo Schuster.
Instrumentos normativos relativos a la planificación urbana y territorial, comenta Magdalena Vicuña investigadora de la Línea 6 de CIGIDEN “Gobernanza ciudadana”, que no están suficientemente integrados a un enfoque de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), en donde esta fragmentación institucional se hace crítica especialmente en la zona costera. “Dependiendo de la amenaza, se debería contar con una macrozonificación vinculante a escala regional”, propone la experta.
Según Natalia Silva, jefa del Departamento de Gestión de ONEMI, necesitamos avanzar más en la recuperación, que en la reconstrucción y en la re-ubicación, que sí se pueden planificar antes de que ocurra el desastre. “Desde la ONEMI, agrega, se ha estado impulsando la integración gestión ambiental, territorial y del riesgo de desastre, para alcanzar este concepto supra que de alguna manera que los países aspiran: el desarrollo sostenible”.
Soledad Leitao, arquitecta y urbanista, destacó durante el lanzamiento del policy paper de CIGIDEN , que la tramitación de los Instrumentos de Planificación Territorial IPTs, es extremadamente extensa y compleja en Chile, con intervenciones de diversos actores. Además, los procesos de aprobación son poco efectivos, culminando en tramitaciones inconclusas o bien en procesos de “regularización” más que de “planificación” oportuna.
Diversidad en el riesgo
“La actualización de los mismos, agregó, tampoco se encuentra entre las prioridades, o bien no hay recursos disponibles debido a las múltiples demandas que se deben atender a nivel municipal, sectorial y del Estado en general. “Por eso destacó que el documento incluya la gradualidad del riesgo, considerando que el territorio chileno tiene mucha diversidad, tenemos diferentes riesgos, territorios y tamaños de centros poblados. Es decir esa gradualidad permite reconocer esa diversidad”, explica Leitao.
Si bien los autores del policy paper reconocen que Chile ha avanzado de manera importante en el desarrollo de un marco conceptual y herramientas administrativas para la GRD. Pero explican que persisten los desafíos para integrar a la planificación urbana aún son muy relevantes: desde el fortalecimiento de la articulación y coordinación de los Instrumentos de Planificación Territorial con otros instrumentos y mecanismos de gestión e inversión, a la promoción de su capacidad efectiva para incidir en el desarrollo urbano, y la incorporación de la vulnerabilidad frente al riesgo como un criterio específico en la toma de decisiones asociadas a la planificación urbana y territorial, entre otros.
Unidades de GRD municipal
Por ejemplo, dice Magdalena Vicuña, que las unidades de gestión de desastres en los municipios no sea un requerimiento exigido por ley: “Se trata de un aspecto clave que queda supeditado a la voluntad y criterios de las autoridades de turno, y no parte fundamental en la gestión del riesgo de desastre en a nivel local.
Finalmente el documento propone 5 recomendaciones para elaborar criterios y lineamientos de planificación urbana y territorial en la Gestión del Riesgo de Desastre: (1) profundizar en el desarrollo de los estudios de riesgos y la definición de áreas de riesgo; (2) considerar estudios de potencial de evacuación por tsunami; (3) integrar unidades mínimas de análisis del riesgo en los municipios; (4) fortalecimiento de la planificación mediante el vínculo entre instrumentos normativo-vinculantes e instrumentos indicativos y (5) la incorporación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la planificación urbana y territorial.
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