Según datos de Techo Chile en la región de Antofagasta, existen 56 campamentos –ubicados principalmente en las comunas de Antofagasta, Taltal, Calama– en los que viven alrededor de 6.229 familias. El 92,9% de estos asentamientos informales están emplazados en zonas urbanas. Frente a esta realidad social y, el marco del “Paseo por la Ciencia” de Puerto de Ideas Antofagasta, CIGIDEN desarrolló el conversatorio ciudadano “Lo que mueve los aluviones: ciencia, asentamientos informales y desarrollo urbano”, que fue moderado por el sociólogo UC e investigador CIGIDEN, Manuel Tironi.
Si bien la conversación de científicos, políticos y representantes de ONG giró en torno a estudios sobre aluviones en Antofagasta, también fue relevante analizar el contexto social de la región para dimensionar el riesgo de aluviones de las quebradas que hoy están habitadas informalmente. “Las familias llegan a vivir a campamentos principalmente porque el ordenamiento jurídico chileno, no entiende el acceso a la vivienda como un derecho, ante esto muchas personas se ven imposibilitadas de pagar valores abusivos en los arriendos, e incluso se enfrentan a la ausencia de una oferta habitacional coherente con la realidad”, asegura Mariana Barbosa, directora regional de Antofagasta TECHO Chile.
El problema aluvional de Antofagasta, a punta el subdirector de CIGIDEN y académico de la UCN, Gabriel González, se puede abordar de un punto de vista de la dimensión espacial de la ciudad. “La mitad de la ciudad tiene medidas de mitigación –piscinas de decantación de aluviones– que fueron diseñadas de forma reactiva después del aluvión de 1991, pero la parte norte de la ciudad, cuya población creció después de esa fecha no las tiene. Por lo tanto, ahí tenemos una población importante de la ciudad que está expuesta a los mismo fenómenos que impactaron en 1991 a la ciudad”, advierte el experto.
Memoria de desastres
El aluvión ocurrido en Antofagasta el 18 de junio de 1991, recuerda Marcela Hernando, actual diputada por la región y una de las expositoras del conversatorio, fue uno de los desastres más violentos que ha vivido la zona y que marcó en ella un aprendizaje y motivación en formación en catástrofe, cuando era directora de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Región de Antofagasta. Cuenta que a raíz de esa experiencia y de sus cuatro años como alcaldesa de Antofagasta, entregó un proyecto de ley que no ha sido discutido aún por la cámara.
“Este proyecto de ley incluye a las personas que viven en sus territorios como parte de los equipos de identificación de riesgos y preparación en caso de desastre. Por mi experiencia sé que es urgente incorporar de forma vinculante la opinión ciudadana territorial para asegurar ciudadanía mejor y más preparada frente a sus amenazas naturales”, asegura la diputada Hernando.
Otro problema asociado a los aluviones y que es estructural en Chile, plantea Gabriel González, es que todo nuestro abordaje del tema de los desastres es reactivo, es decir, una vez que ellos ocurren recién implementamos la medidas de mitigación y no nos anticipamos a ellos. “Prueba de esto, comenta, es que los estudios de riesgo de desastre que hacen los científicos para los planes reguladores no son vinculantes, es decir, pueden ser obviadas”.
Infraestructura flexible
Massimo Palme, doctor en arquitectura y académico de la UCN, realizó su aporte abordando el concepto de resiliencia: “Hay que tener cuidado cuando utilizamos el concepto de resiliencia, que nace como un término para explicar un fenómeno físico, y lo aplicamos a estructuras sociales. No podemos entender la resiliencia como la capacidad de adaptarse a cualquier condición en que las personas se encuentren, no podemos pensar en que da lo mismo lo que a las personas le ocurra porque deben ser resilientes. Para mi,resiliencia es crear una infraestructura lo más flexible posible que pueda reaccionar ante riesgos que ni siquiera estamos pensando».
Finalmente, Manuel Tironi señaló que todos los antecedentes que fueron planteados en el conversatorio fueron de suma importancia porque “relevan la necesidad de una eficiente planificación territorial, ya que hoy hay decenas de personas que están viviendo en situaciones de riesgo, y todo esto en un contexto de cambio climático, donde la frecuencia de estas amenazas naturales siguen aumentando”.
