Las experiencia de la pandemia en asentamientos informales –donde el virus converge con los antecedentes y consecuencias de no tener garantizado el derecho a la vivienda digna–, muestran la necesidad de re-pensar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) desde una perspectiva más amplia, que incluya la mirada de la ciencia, de las comunidades, de las ONG, y de los representantes de la política publica local y territorial. Mirada intersectorial que fue el corazón del conversatorio: “Experiencias de la pandemia en espacios excluidos: reflexiones desde campamentos en Antofagasta y Santiago”, convocada por CIGIDEN.
El programa incluyó la presencia de múltiples actores. En el primer bloque –que abordó la percepción y construcción del riesgo en los territorios, la migración y el racismo en torno a nociones de riesgo, y los factores estructurales que inciden en el contagio–, participó el antropólogo de la U. de Stanford, Pablo Seward, la dirigenta del Macrocampamento Arenales de Antofagasta, Elizabeth Andrade, la dirigenta de Modatima, Javiera de La Paz y el académico de Sociología UC e investigador de CIGIDEN, Manuel Tironi.
Durante su intervención, el sociólogo planteó que el riesgo es una condición diaria que se hace y es como un tejido que entrelaza múltiples formas de vulnerabilidad. “No es un evento en particular, sino una forma de vivir”, asegura. De acuerdo al investigador CIGIDEN, el Covid le ha hecho ver a mucha gente esta condición diaria y cotidiana del riesgo, sin embargo, si la pandemia solo hubiera ocurrido en sectores pobres no se habría hecho visible. De repente nos damos cuenta que hay territorios que han sido vulnerados, donde se refuerzan múltiples formas de riesgo en la vida cotidiana.
Territorios vulnerados
En los asentamientos informales de Antofagasta, la pandemia nos ha dado tregua. Elizabeth Andrade cuenta el macrocampamento Arenales, donde ella es dirigenta, ha sigo uno de los más afectados, con víctimas fatales y sin ayuda del Estado. “No tenemos conocimientos médicos, pero nuestros vecinos creen en nosotros, e intentamos entre todos seguir algunas recomendaciones de autocuidado, pero no es suficiente. Nosotros siempre estamos entre dos extremos, qué hacemos para no morir por Covid, o qué hacemos para no morir de hambre”, confiesa.
Los tiempos son difíciles pero debemos seguir luchando, dice Elizabeth desde Antofagasta: “Aquí en este espacio abandonado por las instituciones públicas, nuestra lucha continua y la organización social, y las redes de solidaridad son tremendas, las ollas comunes, los vecinos ayudando a quienes enferman”. En efecto, dice Javiera de la Paz de Modatima, las personas que viven en campamentos ven vulnerados todos sus derechos, incluido el acceso al agua en tiempo de pandemia.
El segundo bloque, en tanto, moderado por la antropóloga e investigadora CIGIDEN, Leila Juzam, el tema de conversación se enfocó en el ausencia/abandono del Estado en la pandemia, y el rol de la sociedad civil (ONGs, actores políticos no ligados al gobierno y las organizaciones comunitarias locales), y la utilización política del riesgo. En la sesión participaron Clara Han, académica de la Universidad Johns Hopkins; coordinadora territorial de TECHO-Antofagasta, Kelly Acosta, dirigenta Toma Dignidad de la Florida, Daniela Landaeta, el consejal por La Florida, Nicolás Hurtado.
El riesgo y el cuidado no están distribuidos de manera equitativa en Chile, afirmó Leila Juzam, en su intervención inicial, que hay ciertas medidas de cuidado que son provistas para cierto grupo de personas y otras no. “Por esta razón, y considerando considerando la emergencia sociosanitaria actual, quisimos generar un espacio de conversación con los vecinos, autoridades públicas y organizaciones formales e informales para conversar sobre la situación de vulnerabilidad en ciertos territorios”, apuntó la antropóloga.
La investigadora Stanford, Clara Han, aclaró que tantos lo campamentos como aquellas poblaciones que tienen sus casas, que antes de la pandemia que vivían en la precariedad cotidiana. “Cuando uno no trabaja con contrato, o te despiden como pasó con el Covid-19, la gente ya comenzó a vivir una crisis económica de la casa.
Paz Juica, encargada territorial diputada catalina Pérez, Antofagasta, centró su discurso en el derecho a la vivienda y al agua que no están consagrados en nuestra constitución, y por lo tanto, no pueden ser exigidos por la población. “En espacios como los asentamientos informales de Antofagasta –que no tienen actualizado su plan regulador y menos cuentan con estudios de riesgos, el riesgo está definido por la posibilidad de daño, pero son sus propios actores lo que actúan para disminuir su impacto”.
En efecto, advirtió Daniela Landaeta, de la nueva Toma Dignidad de La Florida, solo el pueblo ayuda al pueblo: “Hemos estado completamente abandonados por el Estado, la ayuda que hemos recibido desde el estallido social, ha sido de personas particulares. Las cajas de mercadería que nos llegaron para las ollas, fueron de familias que recibieron ese beneficios sin necesitarlo”, señaló la dirigenta. Nicolás Hurtado corrobora este hecho, argumentando que el Gobierno no abordó la pandemia en espacios de real necesidad como los campamentos y no priorizó la ayuda social. “Por lo tanto, la sociedad civil está subsidiando la falta del Estado”.